12
de Abril de 2010
Propiedad del Pueblo
En la legislación laboral de nuestro país contempla
el tabulador de salarios mínimos, los cuales deben
ser respetados por los patrones a la hora de contratar a sus
empleados, sin embargo y por razones desconocidas para el
pueblo, en los empleos de ciertos niveles gubernamentales
no se aplica esta política de control salarial, situación
que provoca que los empleados del pueblo se asignen salarios
desmedidos y ofensivos que cobran determinados servidores
públicos, salarios que son pagados con los impuestos
de los contribuyentes.
Ante la crisis económica mundial, muchas empresas han
reducido su planta laboral, otras más han reducido
salarios en las nuevas contrataciones, sin embargo, en la
administración pública, esta situación
es totalmente al contrario, a pesar de las declaraciones de
los responsables de las distintas instancias de gobierno,
el aparato gubernamental sigue contratando un sinfín
de empleados, casi todos con salarios elevados, y todos esos
salarios, como ya se dijo, pagados con el dinero del pueblo.
La política laboral del gobierno federal pretende modificar
el esquema de contrataciones, que incluye la contratación
temporal mediante el esquema de entrenamiento, así
como otras linduras, que en lugar de mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores, van en detrimento de la seguridad
laboral, de un salario justo y digno, situación que
los empleados del pueblo pueden aprobar esas reformas sin
mayor empacho, puesto que no afectarán a quienes las
aprueben, puesto que ellos no se incluyen.
Así como se aprueban estas modificaciones que afectan
la economía de los trabajadores, así estos mismos
trabajadores, quienes con el producto de su esfuerzo personal
pagan los impuestos que sirven para cubrir esos altísimos
salarios, debemos de protestar y exigir que a los mismos que
aprueban estas afectaciones se les apliquen las reglas, al
fin y al cabo ellos son nuestros empleados, motivo por el
cual, como patrones de ellos, tenemos el derecho de exigir
que cobren un salario adecuado a las actividades que realizan;
es decir, que cobren acorde con las actividades que realizan.
Claro está que además del salario que se menciona,
debemos de exigir, según lo estipulado en la Ley Federal
del Trabajo, honestidad, diligencia, cumplimiento y todas
las demás obligaciones laborales que les corresponden
como empleados nuestros, ya es hora de frenar el despilfarro
de los recursos públicos, de pagar sobresueldos que
no se justifican y de exigir a nuestros empleados que cumplan
con sus obligaciones legales y en caso de no cumplir con estos
preceptos, despedirlos en forma inmediata.
La Ley Federal del Trabajo es muy clara en cuanto a las obligaciones
de los trabajadores, así como en las sanciones que
se deben de aplicar a quienes no cumplan con esas disposiciones,
situación que sin ningún miramiento aplican
los empresarios a sus trabajadores, así que es nuestra
potestad el aplicar el mismo marco legal a nuestros trabajadores,
quienes por lo regular no cumplen con sus obligaciones, no
son leales con sus patrones (el pueblo), no son honestos con
el manejo de los recursos que se le confían, son corruptos
y promueven la impunidad. Imagine usted, amable lector, qué
destino le esperaría a usted o a mí, en cualquier
trabajo, si nos comportáramos de la misma manera que
hacen los políticos y los funcionarios públicos.
La respuesta es fácil, no sólo perderíamos
el trabajo, también nos encarcelarían, entonces,
si nosotros somos los patrones de los funcionarios públicos
¿Por qué no les aplicamos las mismas condiciones
laborales? Ya basta de mantener parásitos y pagar sueldos
exorbitantes a tan malos trabajadores.
ES CUANTO
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