17 de Agosto del 2010

Vender para solapar

La crítica situación económica del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, no es nueva, prácticamente podemos asegurar que es eterna y permanente, es más, la falta de recursos económicos en este Ayuntamiento, en cada administración municipal es mayor y por lo mismo las deudas con proveedores se han vuelto impagables.
Ante dicha situación los integrantes de cada administración municipal, principalmente las dos últimas (Francisco Alor y Gregorio Sánchez) en una muestra total de ambición desmedida insisten en vender propiedades del pueblo para sufragar las grandes deudas que la irresponsabilidad y corrupción de los integrantes de gobierno municipal han incrementado en forma exorbitante.
Los habitantes de este municipio debemos de poner más atención a las acciones y actividades de quienes administran los recursos públicos de la comuna puesto que esos recursos, tanto monetarios como bienes inmuebles, no son propiedad de una persona en particular ni del grupo de funcionarios municipales que cada tres años se reparten las jugosas ganancias de los múltiples negocios que se efectúan en este destino turístico, muchas de las cuales se realizan en el anonimato, ocultando la realidad a la sociedad en su conjunto, sociedad que es la propietaria de todos los bienes municipales, los cuales deben de ser utilizados para el beneficio y bienestar de los habitantes que con el fruto de su trabajo, pagamos los impuestos que deben de servir para cubrir las obligaciones económicas de la operación del ayuntamiento.
Para los ciudadanos de este municipio y de todo México este tipo de situaciones se ha convertido en una práctica cotidiana, al grado de que el enriquecimiento de los funcionarios públicos en muy corto tiempo ya es considerado como una situación normal, sin embargo las leyes que nos rigen y que esos mismos funcionarios protestan cumplir y hacer cumplir estipulan en los artículos del 90 al 93 la obligación que tienen estos personajes para vigilar que el gasto público se realice conforme a las disposiciones legales; es decir, todos los integrantes del ayuntamiento tienen la obligación legal de garantizar la administración honesta de los recursos económicos con que cuente el ayuntamiento y en caso de incumplimiento al ordenamiento legal tienen la obligación de denunciar y castigar, conforme a la ley, a todo aquel funcionario que desvíe el uso de esos recursos, los cuales son propiedad del pueblo y en ningún momento de los funcionarios públicos.
Dentro de las obligaciones de quienes ocupan cargos de elección popular, así como de los funcionarios públicos se encuentra la rendición de cuentas claras y en caso de que esto no suceda, las leyes que nos rigen contemplan sanciones a todo aquel funcionario que no cumpla con esta obligación así como para los que por ignorancia, negligencia u omisión realicen actos que atenten contra los intereses públicos, situación que no se cumple debido al gran contubernio que existe entre estos personajes, quienes sin el menor indicio de honestidad denuncian un sinfín de irregularidades en la administración gubernamental incluyendo, en algunos casos, el nombre del o de los responsables del desfalco a las arcas públicas, situación que sólo es uno más de los engaños al pueblo ya que esas denuncias no se presentan ante las autoridades competentes, para iniciar los juicios correspondientes para castigar a esos funcionarios públicos corruptos o en caso de hacerlo, da la casualidad de que se hace cuando los tiempos legales para presentar dicha denuncia ya vencieron.
Como muestra de lo expresado, los ciudadanos de este municipio tenemos el recuerdo de Magali Achach, de Francisco Alor y de Gregorio Sánchez, quienes amasaron cuantiosas fortunas en su paso como Presidentes Municipales de Benito Juárez, los dos primeros protegidos y premiados por el sistema y el tercero encarcelado por actividades que lo involucran con el crimen organizado y no por su administración municipal fraudulenta.
Con esto se demuestra que para que nuestra sociedad progrese y con ello nuestra nación también lo haga, no es necesario reformar las leyes, tan sólo con cumplirlas al pie de la letra, las condiciones de vida de todos los mexicanos mejoraría.
ES CUANTO
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