24 de Agosto del 2010

¿Quién paga los platos rotos?

En el actual sistema político nacional y estatal el dispendio de recursos es una constante que hoy tiene a muchas dependencias y entidades gubernamentales en la banca rota sin que exista algún proceso legal en contra de los responsables del saqueo cotidiano que los funcionarios del más alto nivel promueven y ejecutan desde la comodidad de su cargo.
La ineptitud, la prepotencia, la negligencia y la corrupción de una gran parte de los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno tienen a la administración pública en total banca rota sin que hasta el momento se perciba alguna acción para frenar tanta indolencia, es más, en lugar de sancionar a los irresponsables funcionarios públicos, se les premia con nombramientos de niveles más altos, situación que demuestra el desprecio de los gobernantes hacia el pueblo que paga sus salarios y aporta el dinero que se llevan mediante acuerdos oscuros o el dinero que se pierde o desperdicia en el pago de multas y sanciones ocasionadas por la administración visceral de quienes ostentan el poder en las diferentes instancias gubernamentales.
El Ayuntamiento de Benito Juárez es una muestra inobjetable de este tipo de situaciones ya que a pesar de haber tenido una recaudación millonaria durante mucho tiempo, las arcas municipales están en quiebra total, con un adeudo de más de mil quinientos millones de pesos, más lo que se acumule, sin embargo en el gobierno del estado las cosas no son miel sobre hojuelas, también hay muchos faltantes que no se denuncian para proteger a los consentidos.
Consideremos que en época de crisis todos los ciudadanos y las empresas cuidamos nuestros recursos para lograr estirar el ingreso y cubrir nuestras necesidades básicas de subsistencia, sin embargo en los tres niveles de gobierno esto NO sucede, el dispendio de recursos es escandaloso y sin límite, situación que se entiende debido a que el dinero de la hacienda gubernamental no es producto del trabajo de los funcionarios públicos, quienes sin el menor recato disponen de grandes cantidades de dinero para satisfacer sus vanidades, a pesar de que las leyes contemplan este tipo de prácticas como delitos que deben de ser castigados.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, en su artículo 47 establece las obligaciones administrativas de los funcionarios públicos, la fracción IV de dicho ordenamiento legal estipula que los servidores públicos deben de “Abstenerse de causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, sea por el manejo irregular de fondos y valores estatales y municipales, o por irregularidades en el ejercicio o pago de recursos presupuéstales del Estado o Municipios, o de los concertados o convenidos por el Estado con la Federación, o sus Municipios” además de todas las limitantes que tienen como objeto el evitar los abusos que en el ejercicio de las funciones, estos personajes puedan afectar a la administración pública, disposiciones legales que NO se cumplen y que perjudican gravemente a las finanzas públicas al utilizar recursos en gastos que no son de utilidad común.
Las acciones de los funcionarios públicos mencionadas también están consideradas como delito en el Código Penal del Estado de Quintana Roo, en los artículos del 150 al 155 bajo las denominaciones de Abuso de Confianza, Fraude y Administración Fraudulenta, los cuales son aplicables en el entendido de que los funcionarios públicos por elección popular ocupan esos cargos a partir de la confianza que depositó el pueblo en ellos y que los bienes que administran No son de su propiedad, SON recursos del pueblo que paga impuestos para satisfacer las necesidades sociales de la comunidad.
Y para completar el caso, debemos de hacer entender a estos personajes que ellos son empleados del pueblo que con los impuestos paga sus altísimos salarios (que no devengan en forma honesta) y por lo tanto también les es aplicable el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, así como el artículo 53 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo.
ES CUANTO
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