11
de Enero de 2010
Fianza
para gobernar
Ante el inminente proceso electoral en el que se renovaran
los poderes ejecutivo y legislativo, estatal y municipales
de Quintana Roo y considerando el comportamiento de los actuales
funcionarios públicos, así como la desconfianza
que el mal desempeño de estos mismo personajes ha generado
entre la población y tomando como referencia la práctica
gubernamental de embargar alguna propiedad de cualquier ciudadano,
en calidad de garantía del pago de multas u obligaciones
fiscales, quienes habitamos en este estado debemos de buscar
una estrategia para aplicar ese mismo principio de garantía
para que quienes ocupen cargos públicos se vean obligados
a cumplir con sus responsabilidades legales, así como
las promesas que nos hagan en su campaña electoral.
Desde siempre y particularmente en los últimos años,
todos los políticos de México entero, en épocas
electorales y para ganar votos, han convertido sus campaña
políticas en campañas publicitarias en las que
como cualquier producto comercial, ofrecen miles de beneficios
y privilegios a los ciudadanos que voten por ellos y toda
vez que el proceso electoral concluye y los ganadores ocupan
sus cargos, las promesas se olvidan, las obligaciones legales
no se cumplen y la ciudadanía padece los efectos del
abuso de poder, de la ineficiencia y de la corrupción
que ya es costumbre en el desempeño de cualquier encargo
público, lo cual incluye el desprecio a quienes una
vez confiaron en ellos y que por la misma confianza se les
acercan a solicitar el cumplimiento de las promesas de campaña
o la legalidad de sus actos como funcionario público,
recibiendo a cambio la negativa o el ofrecimiento intemporal
por parte de esos que un día se presentaron en la colonia
a solicitar el favor del voto y la confianza del pueblo.
Considerando esta particularidad de los políticos y
el hartazgo de la población por esas prácticas
desleales de los gobernantes, los ciudadanos debemos de idear
algún medio para garantizar que los aspirantes a ocupar
un cargo público, a vivir del producto de nuestro trabajo
vía impuestos y en nuestra calidad de patrones de los
funcionarios de gobierno, puesto que si el salario de estos
personajes se paga con el dinero que le pagamos al gobierno
con las muchas cargas tributarias que nos han cargado, justo
es que les exijamos una garantía mínima para
que cumplan honestamente con sus obligaciones y moralmente
con sus promesas de campaña.
En las dos últimas elecciones en Quintana Roo, los
candidatos de los diferentes partidos políticos, en
un engaño más al pueblo, firmaron cartas compromiso,
ante notario público, a modo de garantizar el cumplimiento
de sus promesas, sin embargo y ante los hechos, esos compromisos
notariados, han servido para dos cosas, para justificar más
gastos de campaña, que también se pagan con
nuestros impuestos y para nada, puesto que esos documentos
deben estar archivados en el fondo de algún cajón
así como olvidados en los protocolos de las notarias
públicas, por lo que no cumplieron con su objetivo
que supuestamente era el de garantizar al pueblo la honestidad
de los candidatos.
Ahora bien, qué sucedería si en lugar de que
los aspirantes a ocupar un cargo público firmen un
documento que no sirve más que para engañarnos,
quienes ganen un proceso electoral u ocupen cualquier cargo
público en la administración gubernamental,
nos garanticen el correcto y honesto desempeño de sus
funciones mediante el pago de una fianza, la cual pueda hacerse
efectiva en caso de incumplimiento a las promesas de campaña
o por su mal desempeño en el cargo que ocupen; es decir,
si cualquier funcionario público electo o designado
por los titulares de las diferentes dependencias no cumple
con sus obligaciones legales, demuestre negligencia o ineficiencia
en su desempeño, pague los daños que le ocasione
a la ciudadanía por esas acciones.
Todos los ciudadanos sabemos y padecemos las consecuencias
de las malas decisiones de nuestros gobernantes, de abusos,
de negligencias, de la corrupción y la impunidad que
prevalece y parece no tener fin, todos nos quejamos de alguna
o varias de las acciones de los funcionarios públicos,
sin embargo a la hora de los procesos electorales somos testigos
mudos del comercio electoral por el cual los políticos
medran con las necesidades del pueblo, comprando votos en
lugar de garantizar efectivamente la honestidad de su desempeño,
por lo que exigiéndoles el pago de una fianza para
el desempeño del cargo público para el cual
pretende que los contratemos, podemos iniciar el cambio político
que requiere en forma urgente nuestra sociedad.
ES CUANTO.
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