14 de Enero de 2010

Leyes en letra muerta

Con la intención de buscar un camino que nos permita a los ciudadanos tener la oportunidad de generar un cambio social que nos permita a todos acceder a mejore niveles de vida, me he dado a la tarea de leer la Constitución Política de Quintana Roo para que sea este documento legal nuestra guía en el arduo y tortuoso camino de la recomposición social que tanto anhelamos quienes pretendemos vivir con tranquilidad y seguridad, esos dos conceptos que quienes gobiernan tienen olvidados como parte de la vida cotidiana de los habitantes, particularmente de quienes menos tienen.
Dando continuación al artículo de ayer, hoy comparto con usted, amable lector, el análisis de otros artículos de la Constitución de Quintana Roo, para que con mi humilde opinión pueda usted tener una idea de las irregularidades que cometen nuestros gobernantes, violando las disposiciones legales que deben de cumplir como parte de su responsabilidad y el salario que cobran, producto del pago de impuestos que hacemos o que nos obligan mediante amenazas, puesto que para empezar, los ciudadanos debemos de dejar de ver a los funcionarios públicos como los potentados o elegidos del señor para hacer y deshacer de nuestras vidas y nuestro dinero lo que les venga en gana, debemos de ubicarlos en su realidad, ellos son nuestros empleados, quienes tienen la obligación de satisfacer nuestras necesidades sociales y garantizarnos una sociedad prospera y productiva.
El artículo 8 de la Constitución de Quintana Roo establece que: “Es función del Estado proveer el desenvolvimiento de todas las facultades de sus habitantes y promover en todo a que disfruten sin excepción de igualdad de oportunidades.” Situación que en la realidad no cumplen quienes tienen las facultades del estado, así mismo, el artículo 9 estipula que: “Es finalidad del Estado procurar y promover la participación de todos los ciudadanos en los procesos que regulan la vida de la comunidad por medio de las formas que establezcan las Leyes respectivas; así como fomentar entre los habitantes de Quintana Roo la conciencia de solidaridad y pertenencia al Estado y a la Nación, la cultura democrática y el sentido de responsabilidad hacia la humanidad en su conjunto.” Finalidad que tampoco se cumple desde el primer momento en que los gobernantes imponen su “santa” voluntad y quien no este de acuerdo con sus caprichos, tiene que sufrir las consecuencias de su “necedad” de evidenciar los abusos de estos personajes.
El mismo artículo 9, en su segundo párrafo agrega que: “A fin de lograr este objeto, el Estado organizará un sistema de planeación democrática en lo político, social y cultural, para el desarrollo estatal integral y sustentable, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento económico, estableciendo para tal efecto los convenios adecuados con la Federación.” Lo cual ni por casualidad se da ya que el hecho de incluir el concepto de planeación democrática, obliga a las autoridades a tomar en cuenta las necesidades del pueblo, sus opiniones y sus propuestas de integración social, las cuales, como es sabido de todos nosotros, no tienen el menor valor para quienes nos gobiernan puesto que al ocupar esos cargos, su vanidad, prepotencia y arrogancia les hacen creer que ellos son infalibles y omnipotentes, despreciando a la ciudadanía que paga sus salarios.
Pero donde podemos ver con mayor claridad la falta de interés y cumplimiento de nuestros gobernantes es en el incumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el artículo 10 de la mencionada Ley, el cual establece claramente que: “Al Estado corresponde impulsar el desarrollo económico en equilibrio con el medio ambiente, procurar el progreso compartido y la distribución equitativa de la riqueza para garantizar la justicia social, …con irrestricto apego a las libertades consagradas en la Constitución Federal y la del Estado.
Por lo que si consideramos las actuales circunstancias sociales de Quintana Roo, bien podemos, sin temor a equivocarnos, asegurar que en nuestro estado el desarrollo económico sólo es privilegio de unos cuantos, particularmente los políticos, quienes han permitido que el nuestro medio ambiente cada día se vea más afectado por la ambición desmedida de unos cuantos en perjuicio de la mayoría, impidiendo el progreso compartido y la distribución equitativa de la riqueza para garantizar la justicia social, limitando así las garantías individuales consagradas en las Constituciones Federal y Estatal.
Así que en el inminente proceso electoral, antes de aceptar un centavo por nuestro voto, lo primero que debemos de hacer es exigirle a los candidatos que nos expliquen detalladamente las acciones que pretendan realizar para cumplir con estas obligaciones legales, que al ser cumplidas, permitirán que el nivel de vida de quienes aquí vivimos pueda mejorar.
ES CUANTO
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