08 de Febrero de 2010

Castigar a los castigados
No cabe duda de que en nuestro México y particularmente en nuestro Quintana Roo la falta de preparación, de conocimientos o de profesionalismo entre los funcionarios de gobierno es una constante que genera una serie de situaciones que provocan el aumento de la descomposición social que padecemos desde hace ya mucho tiempo.
Entre los severos problemas que aquejan a nuestra sociedad se encuentra la participación de niños y jóvenes en actos delictivos, situación cada día más grave debido al gran número de menores de edad que se integran a las pandillas urbanas, las cuales, tristemente, hoy se dedican más a demostrar su resentimiento social, realizando actos vandálicos y delincuenciales en lugar de las actividades que hace muchos años realizaban, como era el de formar equipos deportivos o culturales entre los menores de cada una de las colonias y quienes dirimían sus diferencias de maneras muy variadas y en ocasiones hasta originales, sin embargo, la descomposición social que han generado los últimos gobierno de México, en todos los niveles, hoy han convertido a las pandillas de jóvenes en grupos dedicados a desquitar sus limitaciones contra quien se les pare enfrente.
Según las autoridades policiacas de Cancún, en esta ciudad existen más de 150 bandas juveniles, la mayor parte de estas dedicadas al vandalismo, situación que cada día aumenta más, sin que las autoridades correspondientes apliquen algún programa social que frene este fenómeno, el cual nos cuesta mucho a los ciudadanos, tanto en el aspecto económico, debido a los robos y asaltos que cometen contra cualquier ciudadano en forma personal, como en casa habitación o automóviles, así como los recursos que emplean las dependencias de seguridad pública para detener a los agresores juveniles, los cuales bien pueden ser utilizados en programas de rehabilitación social y educación para todos esos menores que han sido olvidados por la sociedad.
Sin embargo a las autoridades y a los legisladores no se les ocurre otra acción que no sea la de modificar las leyes para incrementar las sanciones o bajar la edad penal para los menores de edad, según ellos con la finalidad de amedrentar a nuestros niños y jóvenes para que desistan de participar en esos grupos sociales, situación que deja en claro su total desconocimiento de los diversos factores que orillan a los jóvenes a integrarse a esos grupos que tanto daño causan a nuestra sociedad y a ellos mismos.
Caso particular es el de la titular de la Agencia Especializada Para Adolescentes de Quintana Roo, Xochitl Godínez, quien anunció en días pasados que las autoridades judiciales están elaborando una propuesta para modificar algunos artículos de la Ley de Justicia para Adolescentes, con la intención de que en la Ley se asegure la opción de poder remitir a los jóvenes al Centro de Internamiento de Chetumal y de esa forma inhibir las conductas delictivas de los menores, situación que en lo particular, considero una total falta de de conocimientos sobre el comportamiento humano, especialmente en el de los niños y adolescentes, puesto que según las teorías psicológicas, la adolescencia es una etapa en la que la rebeldía es una de las principales características sociales de este grupo humano, así mismo, esta funcionaria ignora que muchos de esos jóvenes se integran a las bandas delictivas gracias a al problema económico de la mayor parte de las familias de este polo turístico, puesto que los padres, en el caso de que vivan ambos bajo el mismo techo, trabajan más de 8 horas para poder llevar un mendrugo de pan a su mesa, situación que provoca el abandono de los hijos desde muy temprana edad y con ello el resentimiento que ella misma asegura, tienen los jóvenes contra sus padres, situación muy aventurada puesto que la mayor parte de los actos delictivos de las pandillas, los realizan en contra de otras personas, por lo regular contra quienes no habitan en las cercanías de sus lugares de residencia.
Por lo aquí expresado y con la intención de colaborar con la Lic. Xochitl Godínez, desde esta columna le sugiero que antes de reformar la Ley de Justicia para los Adolescentes, primero investigue los orígenes de la delincuencia juvenil, para que una vez que sea especialista en el tema, en lugar de proponer penas mayores a los jóvenes pandilleros así como la seguridad de llevarlos al Centro de Internamiento de Chetumal, lo primero que debe de proponer es que se asegure la inscripción y la permanencia de los niños y jóvenes en la escuela, que en cada escuela se implemente un servicio de apoyo psicológico para los estudiantes y que el famoso Centro de Internamiento implemente un programa de rehabilitación integral para los adolescentes, en el que se les obligue a estudiar y a aprender algún oficio que les permita reintegrarse a la sociedad en forma positiva ya que el modelo actual de dicho centro no es otra cosa que el de perfeccionamiento criminal para los jóvenes que son internados y olvidados, cosa que en lugar de remediar el problema lo agrava, puesto que al salir de la reclusión, esos jóvenes se han especializado mañas y trucos para continuar su carrera delictiva, por lo que me pregunto ¿hasta cuando las autoridades dejarán de mentirnos en este espinoso asunto de la seguridad?
ES CUANTO
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