15
de Febrero de 2010
Una omisión que nos cuesta
En nuestros México querido existen muchas irregularidades
e ilegalidades que cometen los gobernantes que pasan desapercibidas
para la mayor parte del pueblo y por lo mismo, nadie reclama
gracias a la falta de conocimiento de nuestras leyes, así
como de la atención que los mismo gobernantes elaboran
para que la población se preocupe por cosas banales
y dejen pasar las importantes.
Ante el inminente proceso electoral de nuestro Quintana Roo,
los ciudadanos podemos enterarnos de una infinidad de irregularidades
que han cometido muchos de los que hoy aspiran a seguir colgados
de la ubre, mantenidos del pueblo, situación que ya
es clásica en estos tiempos electorales, momentos en
los que todo tipo de abusos o ilegalidades aparecen, por obra
de magia, en la cartelera electoral y por ende ocupan muchas
primeras planas y golpean sólo para frenar las aspiraciones
insanas de estos personajes ambiciosos sin medida.
La costumbre política de nuestra sociedad es que mientras
los políticos ejercen cualquier cargo y a pesar de
las denuncias y protestas, nunca sucede nada, los abusos,
la corrupción y los posibles delitos que cometen mientras
ocupan los cargos, o se encarpetan, o se traspapelan, o como
en la mayoría de los casos, se les exonera y si no
me creen, le pueden preguntar al diputado Hernán Villatoro.
Ante este panorama de ilegalidades e incumplimientos, los
ciudadanos debemos de preocuparnos más por conocer
nuestras leyes para estar en condiciones de exigir su cumplimiento,
pues no es válido que mientras los funcionarios públicos
cobran millonarios salarios que se pagan con nuestros impuestos,
que son dinero que dejamos de llevar a casa, dinero que no
llega al estómago de nuestros hijos y para que los
funcionarios lo gasten sin escrúpulos en vanidades
y paguen guardias privados para su seguridad personal, aunque
el pueblo no tenga para comer y la delincuencia les termine
de quitar lo poco que les dejan los gobernantes.
En ese orden de cosas, desde hace muchos años, los
ciudadanos de Benito Juárez, estamos pagando un servicio
que por ley le corresponde al ayuntamiento, sin que alguien
levante la voz, me refiero al concepto que aparece en nuestros
recibos de consumo de energía eléctrica con
las siglas D.A.P. que significa Derecho de Alumbrado Público
y que en otras palabras es una estafa al pueblo, que de por
si paga elevadas tarifas eléctricas y con ese cargo
que no le corresponde por ley pagar, las cuentas de energía
eléctrica se elevan más, perjudicando la precaria
economía familiar.
En el artículo 115 fracción III inciso B) de
la Constitución Federal y en el artículo 147
inciso b) de la Constitución de Quintana Roo se establece
que es responsabilidad y obligación del Ayuntamiento
brindar el servicio de alumbrado público, el cual debe
ser cubierto con los recursos que se obtienen mediante el
cobro del impuesto predial, sin embargo, en contubernio de
la CFE, las administraciones municipales, desde hace muchos
años, han dejando esa responsabilidad a los ciudadanos,
lo cual representa una clara violación a nuestras leyes
fundamentales, la cual debe de ser corregida y sancionar a
los responsables de este abuso de la administración
municipal, porque así como el actual Presidente Municipal
se atreve a amenazar a los ciudadanos que no paguen el impuesto
predial cuando a él le da la gana, pues nos corresponde
exigirle que de todo lo que hemos pagado por concepto DAP
de energía eléctrica, se tome a cuenta de nuestro
pago de impuesto predial, pues no estamos dispuestos a pagar
de manera arbitraria y abusiva, dos veces el mismo servicio,
que, como se dijo, por disposiciones constitucionales, es
obligación del Ayuntamiento pagar, así que iniciemos
el trámite legal para recuperar ese dinero que gracias
a la irresponsabilidad de los gobernantes abusivos, hemos
estado pagando doble.
Nuestros impuestos deben servir para pagar los servicios públicos
municipales, entre los que se cuenta el alumbrado público,
por lo que ya es hora de poner un alto a los abusos que se
cometen en contra de nuestra precaria economía familiar,
así como exigirle a quienes pretenden suceder a los
actúale gobernantes que de una vez por todas eliminen
ese cargo ilegal que hace, por orden del Ayuntamiento, la
CFE, ¡ya basta de abusos y promesas! El pueblo requiere
acciones inmediatas para mejorar sus condiciones de vida.
ES CUANTO
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