22
de Julio del 2010
Barril sin fondo
Como ya es costumbre en nuestro México, en Quintana
Roo y particularmente en el municipio de Benito Juárez,
el desfalco a las arcas públicas se trata de pagar
con los pocos bienes públicos que los gobernantes en
turno dejan sin tocar, por olvido o por falta de tiempo para
saquear.
Al menos en Benito Juárez, Quintana Roo, desde hace
décadas, cada administración municipal, al concluir,
reporta deudas multimillonarias, producto de la ambición
desmedida de quienes ocupan la presidencia municipal, acompañados
de una horda de saqueadores profesionales, quienes sin recato
ni medida mantienen al municipio más rico de la república
en la miseria.
Para quienes vivimos en Cancún, desde hace ya varios
años, no nos extrañan este tipo de noticias,
particularmente desde que el primer candidato de oposición
ocupó la presidencia municipal, me refiero a Juan Ignacio
García Zalvidea, quien actualmente es acusado de todos
los males que padece nuestro municipio, en un intento por
desviar la atención de los saqueadores del partido
oficial; quienes al estar protegidos por el manto gubernamental,
pretenden pasar desapercibidos e ignorados al hacer escándalo
con las fraudulentas administraciones opositoras, sin embargo,
la memoria de los ciudadanos no es tan frágil y las
evidencias descaradas de quienes han ocupado esa silla, dejan
muy en claro que se han enriquecido a manos llenas sin escrúpulo
alguno y para muestra viviente podemos mencionar a los dos
últimos priistas que ocuparon el cargo, me refiero
a Magaly Achach y a Francisco Alor, dos personajes que durante
su gestión gubernamental amasaron fortunas escandalosas
sin que hasta la fecha se les finquen responsabilidades o
ya de perdido se iniciara una investigación del origen
de sus riquezas, que dicho sea de paso, no todas se encuentran
en el estado.
Ante este panorama, los ciudadanos debemos de exigir a los
diputados locales, modificaciones a la ley de municipios,
modificación que obligue a los responsables de los
gobiernos municipales a rendir cuentas claras de los recursos
que administran, puesto que no es posible que en tan sólo
tres años, estos nefastos personajes llenen sus bolsillos
e incrementen sus cuentas bancarias, mientras que las arcas
públicas cada día son más exiguas, lo
que les permite proponer la venta terrenos que originalmente
están destinados para servicios públicos y equipamiento
urbano.
Los recientes casos de embargos a las cuentas bancarias del
ayuntamiento nos permiten ver la magnitud de las afectaciones
que se han cometido gracias a la irresponsabilidad de quienes
han pregonado hasta el cansancio su honestidad y compromiso
para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, pero
que en realidad sólo se han dedicado a saquear las
arcas públicas y enriquecerse a manos llenas, con la
protección y el cobijo del gobierno del estado.
Ya va siendo hora de que los dueños del circo enjaulemos
a estas fieras depredadoras, que en lugar de cumplir con sus
obligaciones legales, se escudan en el poder para continuar
saciando sus más bajos instintos en perjuicio de la
población.
ES CUANTO
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