29 de Junio del 2010

Cuotas Ilegales

Como cada año, una de las más polémicas acciones educativas es el cobro de las mal llamadas cuotas voluntarias, una acción que los funcionarios de la Secretaria de Educación y directivos escolares justifican con un reglamento que viola el artículo 3º Constitucional; por lo que en palabras claras, cobrar cuotas escolares en los planteles de educación oficiales no sólo es un abuso, sino es un DELITO.
Autoridades educativas pretenden justificar que las aportaciones “voluntarias” son necesarias para el mantenimiento de los planteles escolares, sin embargo, estas mismas autoridades caen el los supuestos contemplados en las fracciones III, VI y VII del artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al provocar una afectación económica a la sociedad, puesto que la gratuidad educativa es muy clara en la fracción IV del inciso C del Artículo 3º Constitucional, que a la letra dice: Toda la educación que el estado imparta será GRATUITA.
Por su parte, quienes también violan el artículo 3º Constitucional y la Ley General de Educación, son los propios Diputados, quienes en una muestra del desprecio que tienen hacia el pueblo, al momento de autorizar el presupuesto de egresos de la federación, NO cumplen con lo estipulado en el artículo 25 de la Ley General de Educación, el cual estipula en forma muy clara que: El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, situación que desde siempre NO se Cumple, constituyendo un delito que debería ser castigado, pero como dichos funcionarios gozan de impunidad, lo más fácil es cargarla la mano a la ciudadanía, autorizando el cobro ilegal de cuotas escolares.
Además e independientemente de las ilegalidades que cometen los Legisladores y Funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, en las diferentes escuelas una constante con las cuotas escolares es la malversación de los fondos, pues mediante el contubernio del director de la escuela con el presidente de la sociedad de padres de familia y el tesorero de la misma, las aportaciones obligatorias son utilizadas para beneficio personal de estos tres personajes, con sus muy honrosas y escasas excepciones, situación que además de la ilegalidad por la exigencia del cobro de las cuotas, representa un fraude, acción que esta tipificada como delito penal, pero que debido a que no existe una formalidad legal, no existe una personalidad jurídica bien definida, muchos directivos y representantes de padres de familia se han enriquecido con el saqueo de las cuotas escolares.
Hoy en día, ante un panorama social bastante deprimido, con un alto grado de descomposición social en el que quienes llevan la peor parte son los niños y los jóvenes, quienes al ser limitados en el acceso escolar, por la ambición de unos cuantos, se convierten en presa fácil de la delincuencia y los vicios, situación que es urgente corregir, si en verdad queremos una mejor sociedad, más justa.
Las mal llamadas cuotas “voluntarias” no son más que un fraude total contra la población, puesto que en la gran mayoría de las escuelas, el dinero que se recauda por este ilegal cobro termina en los bolsillos de los directores y los presidentes y tesoreros de las sociedades de padres de familia, aunque las autoridades educativas expresen lo contrario.
El pueblo trabajador, la clase más desprotegida de la sociedad, además de ser explotada por los voraces empresarios, con este tipo de prácticas gubernamentales también son explotados por quienes deberían de velar por su bienestar y el equilibrio social, incumplimiento que debería de ser motivo de sanciones y despidos de esos funcionarios públicos.
Por último, podemos comentar que esta situación también viola la fracción II del artículo 3º Constitucional, en la que se consigna que: El criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, cosa que al impedir el acceso universal a la educación, se promueve y por lo tanto es un delito que cometen los directivos escolares, los integrantes de las sociedades de padres de familia de las escuelas y que permiten y promueven los funcionarios de la Secretaría de Educación,
ES CUANTO.
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