21
de Mayo del 2010
Propiedad Privada
Los cancunenses acabamos de tener una muestra fehaciente
del pensamiento que los políticos aplican en sus funciones
de gobierno, el bochornoso caso del relevo en el Instituto
Municipal de la Mujer, por el cual hubo que hacer uso de la
fuerza pública para lograr que Lorena Martínez
Bellos y su incondicional Ingrid Imelda Mejía Ku desalojarán
las instalaciones de dicha dependencia municipal, al ser relevada
del cargo está última y sustituida por Haydé
Cristina Saldaña Magaña, nombrada nueva titular
del Instituto, por la Regidora Encargada del Despacho de la
Presidencia Municipal, Latifa Musa Simón.
En lo que es una muestra clara del concepto que tienen los
políticos sobre las dependencias gubernamentales, Lorena
Martínez Bellos, pareja del Diputado Local y Representante
Estatal del Partido del Trabajo, Hernán Villatoro Barrios,
quien al renunciar al cargo de Directora del Instituto Municipal
de la Mujer nombró a Imelda Mejía Ku como su
sucesora y de esa forma garantizar el control de dicha dependencia
municipal, claro que con el beneplácito del hoy Presidente
Municipal con Licencia, Gregorio Sánchez Martínez,
quien fue el que como pago de favores políticos le
dio la Dirección del Instituto a Martínez Bellos
y con ello la autorización para que desde ahí,
Hernán Villatoro Barrios promoviera su Partido del
Trabajo; es decir, el Instituto Municipal de la Mujer no era
más que una dependencia de promoción política
del PT a cargo de la familia Villatoro Martínez.
La permisividad de Gregorio Sánchez Martínez
para con los dueños del Partido del Trabajo en Quintana
Roo provocó el vergonzoso incidente que llegó
a límites de intolerancia, generando un espectáculo
nada adecuado para el bienestar social puesto que deja de
manifiesto que tanto para Gregorio Sánchez como para
Hernán Villatoro y Lorena Martínez, las dependencias
de gobierno no son otra cosa que una supuesta propiedad privada
financiada con los impuestos de los contribuyentes.
La actitud de Lorena Martínez Bellos y sus secuaces
es prueba irrefutable del porque vivimos en una sociedad plagada
de injusticias, de corrupción y de impunidad, pero
lo más indignante es el hecho de que el discurso de
Hernán Villatoro Barrios y su consorte Lorena está
plagado de demandas para hacer cumplir el estado de derecho,
de respetar las leyes y de promover la justicia social, cosa
que ellos no están dispuestos a cumplir según
lo demostrado en pasado 19 de mayo.
Si los mexicanos y los quintanarroenses en verdad queremos
que nuestra sociedad mejore sus condiciones de vida y con
ello los niveles de bienestar social lo primero que estamos
obligados a no permitir que los pseudopolíticos sigan
engañándonos, que sigan buscando los cargos
gubernamentales para administrarlos como empresas personales,
en las que ellos deciden quienes tienen derecho a los beneficios
que otorgan nuestras leyes y su palabra es la única
que vale.
Culpar a la Dirección de Seguridad Pública del
incidente me parece una total irresponsabilidad puesto que
en toda organización existe un organigrama en el que
se establecen las jerarquías de mando y en ninguno
de estos organigramas, el subalterno tiene mayor poder de
decisión que el responsable del área, o como
dirían nuestros antepasados en este tipo de casos ¿de
cuándo acá, las gallinas de abajo cagan a las
de arriba?, totalmente aplicable a este caso de descaro político.
Hasta que la ciudadanía entienda que quienes ocupan
cualquier cargo de gobierno son empleados nuestros, que cobran
sus altísimos salarios de los impuestos que pagamos
y que las dependencias de gobierno no son propiedad de quienes
están a su cargo por un tiempo determinado puesto que
los recursos que se utilizan en esos lugares también
son parte de los impuestos que pagamos los ciudadanos y nunca
serán de quienes son nuestros engreídos empleados.
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